Caso farmacias

3 agosto 2015

Farmacia Bauza

Tras la declaración de César Vicente, el Director General de Farmacias de Baleares, continua la instrucción del procedimiento judicial contra el presidente José Ramón Bauzá y su equipo, en el “Caso Farmacias”, en la trama que investiga el juez por el bloqueo del concurso de las 43 farmacias autorizadas.

El denunciante, Cristóbal Pons formuló sendas querellas contra la cúpula del Govern Balear por no impulsar la apertura de esos establecimientos, y favorecer a los farmacéuticos con farmacia abierta, entre ellos, el propio José Ramón Bauzá, perjudicando a otros compañeros.

Además, otros farmacéuticos también expusieron al instructor sus quejas por la política del Govern sobre la gestión del expediente de las nuevas farmacias.

Cuatro son los aspectos polémicos de la gestión de Bauzá:

1. Paralización de expedientes de nuevas aperturas de farmacias.

2. Ventas a residencias geriátricas dependientes de la Comunidad desde su oficina de farmacia.

3. Modificar las reglas del juego durante el procedimiento.

4. Posibles incompatibilidades entre la actividad pública y privada.

En el sector se pone en duda la idoneidad de haber aprobado la nueva Ley de Ordenación Farmacéutica (que modificaba los criterios de adjudicación de farmacias) en el momento en que la demanda que pesaba sobre su persona se encontraba en una situación muy polémica.

José Ramón Bauzá

El querellante se ratificó en que Bauzá tenía un claro interés en que no se abriesen otras tres farmacias en Marratxí, donde él posee un establecimiento farmacéutico.

Cabe destacar que en la declaración del señor Pons, no asistió la Fiscalía, ya que el Fiscal Superior de Baleares, Bartolomé Barceló se opuso a la admisión a trámite de la querella.

El juez Garcías citó también como testigos a Elena Ventanyol Bosch, Isabel Llabres Planas y a Pedro Ventayol Aguiló. Tres farmacéuticos que desde el año 2008 habían impulsado la autorización de nuevas oficinas de farmacia en diferentes municipios de las islas Baleares.

En el recurso de Pedro Ventanyó, se demandó al Govern ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Se falló en la sentencia de enero del 2014, donde se estableció el plazo máximo de seis meses para iniciar el expediente y las posteriores aperturas de las farmacias.

No obstante Bauzá es aforado del Tribunal Supremo al haber tomado posesión como senador autonómico.

Los hechos se remontan a que un farmacéutico particular, denunció por la vía penal el bloqueo de los concursos para la apertura de nuevas farmacias en Baleares. Se consideraba perjudicado de una manera arbitraria y apreciaba actos de injusticia. En la demanda se achacan delitos de falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

El querellante aprecia intereses personales, familiares o por la vía sentimental; en los negocios de las oficinas de farmacia de los querellados tanto de Bauzá como de Martí Sansaloni.

Bauza es propietario de una farmacia en Marratxí que regenta un sustituto. La madre de Sansaloni, farmacéutico de profesión; posee otra farmacia en el archipiélago, y el Director General de Farmacia, que también es farmacéutico. Se les acusa del delito de prevaricación por omisión por no aplicar una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia que limitó a seis meses el plazo entre la aprobación de las farmacias y su salida definitiva a concurso.

Caso farmacias

El hecho de que en la Comunidad Autónoma Balear existiesen 43 peticiones de nuevas farmacias bloqueadas sin una perspectiva de solución creaba inquietud en el sector.

Por su parte, previamente, la facturación de la oficina de farmacia Bauzá a una residencia geriátrica, dependiente del Govern, también había levantado controversias.

La gestión de Bauza estuvo cargada de polémica por las denuncias de la oposición ante los Tribunales por la supuesta incompatibilidad entre sus actividades privadas como farmacéutico y empresario y el ejercicio de la actividad de Presidente de la Comunidad.

En el auto se considera que tal delito de infracción de un deber queda consumado en la doble modalidad de acción o comisión por omisión; con el claro apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, por tanto, arbitraria. Por lo que no descarta la naturaleza delictiva de los hechos, ante la claridad del auto y el tiempo transcurrido.

Y la sentencia sigue: “que atendida la complejidad fáctica y jurídica, al ser múltiples los campos del Derecho afectados, que no pueda retrasarse o sea recomendable la dilación en la imputación de los posibles responsables hasta el mejor deslinde de la materia y de los hechos indiciariamente constitutivos de los delitos contenidos en la querella, así como de las personas cuya omisión podría considerarse relevante penalmente, siendo necesario recomendable practicar una investigación previa a tales efectos empezándose por la toma de declaración del que tiene del querellante u otros posibles testigos perjudicados y de los posibles intereses concurrentes en la falta de convocatoria”.

Tras ordenar la audiencia Provincial de Baleares al Juzgado de Instrucción número 7 a iniciar el trámite de querella que se interpuso, por el presunto delito de prevaricación contra el presidente del Govern José Ramón Bauzá Díaz y contra el Conseller de Salud Martí Sansaloni por irregularidades y no haber convocado el concurso de méritos para la adjudicación de nuevas oficinas de farmacia por considerar la Audiencia que existían intereses personales en el sector.

Según la Sentencia dictada por el TSJ de Baleares, considera que una vez decretada la autorización de la apertura de una nueva farmacia, en el plazo de seis meses debe convocarse el concurso de manera inaplazable.

El querellante consideró que en el Govern había intereses personales y que les convenía evitar la competencia y la correspondiente disminución de ingresos; por lo que suponen las nuevas farmacias; por lo que a su juicio es un acto de “comisión por omisión” en el que concurren los requisitos de la prevaricación.

Además de Bauzá y Sansaloni, también figuran como querellados el Director General de Gestión Económica y Farmacia Vicente Sánchez; posteriormente la denuncia ha sido ampliada contra la Secretaria General de la Consellería de Salud Lucía Matías por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, y falsedad en documento público y prevaricación.

Por ello en el auto, la Audiencia considera que no existe la mínima duda sobre la configuración fáctica o encuadre jurídico; y que sólo permite dictar una resolución de admisión de la querella, para la posterior investigación de los hechos.

Los hechos, según la Audiencia, revisten apariencia de delito, y señala que aunque los permanente retrasos en la apertura del concurso de adjudicación se podría obedecer a la simple o intrínseca lentitud de la Administración o a otros intereses; o a la situación económica; situación que a su juicio se apreciaría un atisbo de omisión grosera y flagrante y que resulta evidente burla del Ordenamiento Jurídico, por eso considera que, la presunta actuación delictiva por parte del Govern, no puede descartarse con la rotundidad necesaria hasta que no se practiquen las diligencias de investigación correspondientes.

Por ello se aprecia “que en aquella omisión se puede detectar una ilegalidad patente, grave, manifiesta y evidente, por lo que considera que una vez admitida la querella a trámite, el interrogatorio dará luz sobre los posibles intereses en la falta de lo de la convocatoria a favor de los concurrentes”.

Caso Farmacias

 

Sin embargo en un Auto anterior el juez Antoni Garcías, no admitió la querella ya que consideraba que había una falta de tipicidad de los hechos denunciados y consideraba la vía penal desproporcionada ya que había un procedimiento contencioso-administrativo previo que se estaba tramitando sobre esta cuestión.

Y precisamente este mismo juez Antoni Garcías, que ya gestionó las diligencias previas relacionadas con Bauzá cuando el año pasado admitió a trámite una querella interpuesta por UGT contra el Presidente por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

En estas pesquisas, Bauzá fue querellado por haber empleado a nivel particular los servicios de la Abogacía del Govern Balear en la demanda que presentó contra el líder del sindicato, Lorenzo Bravo, contra el demanda que fue archivada tanto por la Audiencia Provincial de Baleares como en Primera Instancia.

Ahora con José Ramón Bauzá fuera del gobierno y sin posibilidad de formar mayorías en las nuevas instituciones, tras el fiasco electoral del 24 M en el que las listas del PP cayeron a la cuota más baja desde 1993; ya que sólo obtuvo 20 escaños. Por otra parte, el partido conservador ha perdido todos los consejos insulares y todas las ciudades relevantes de las Islas Baleares.

Desde el punto de vista del colectivo, existen voces que señalan que los concursos de farmacia no están funcionando de una manera adecuada, son fuente de polémica permanente, suponen una barrera infranqueable por sus dilaciones y recursos jurídicos permanentes, y que se encuentran subordinados al poder político al existir un elevado margen de discrecionalidad.

3 comentarios por “Caso farmacias”

  1. juan pedro

    Curioso el caso de Bauza. Yo tengo una farmacia en Alicante, y tengo todo el día inspecciones, y este hombre todo el día para arriba y para abajo y quien controla su farmacia??

    No me parece que sea un buen ejemplo para la profesión.

  2. Marina

    Vaya pájaro.

    Me he quedado con las 4 fechorias que ha hecho:

    1. Paralización de expedientes de nuevas aperturas de farmacias.
    2. Ventas a residencias geriátricas dependientes de la Comunidad desde su oficina de farmacia.
    3. Modificar las reglas del juego durante el procedimiento.
    4. Posibles incompatibilidades entre la actividad pública y privada.

  3. Mateo Garcia

    Mal tipo este…

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